Hacia una cadena de suministro de las TIC más justa – El caso de Bolivia

By Daniela Marques Branco / 18/05/2020

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Hacia una cadena de suministro de las TIC más justa

Misión de investigación y reconocimiento en Oruro, Bolivia. En relación con el proyecto “Make ICT Fair” (Hagamos las TIC Justas)

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]Informe ejecutivo también diponible en Inglés, Neerlandés y Francés.[/vc_column_text][vc_column_text]

Informe ejecutivo

Debido a la escasez de literatura dedicada a las cadenas de suministro de metales al margen aquella sobre su comercio, la investigación de CATAPA acerca de la minería polimetálica en Bolivia ha tenido por objeto revelar los actores y procesos subnacionales, nacionales y transnacionales involucrados en la actividad minera. Se ha realizado una investigación de campo en el departamento de Oruro (Bolivia). Los resultados de esta investigación proporcionan elementos para evaluar las implicaciones locales de la industria global de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Esto ha ayudado a crear una definición específica acerca de lo que « Making ICT Fair » (Hagamos las TIC Justas) podría significar en cada una de las fases de la cadena de suministro, elaborando un marco en el que se determinan cuáles son los problemas laborales, comunitarios, medioambientales y legales involucrados en el contexto objetivo.

En Oruro (Bolivia), la cadena de suministro de estaño, plata, plomo y zinc – metales necesarios para la fabricación, entre otras cosas, de los dispositivos producidos por la industria electrónica – engloba a múltiples actores. Antes de la exportación, los minerales son extraídos aquí principalmente por cooperativas mineras (junto con minas estatales y minas privadas a pequeña y gran escala), y vendidas a empresas comercializadoras locales, que a su vez se convierten en los primeros proveedores de estos metales en la cadena de suministro internacional. Después, los minerales de la mena extraída son concentrados. El estaño es fundido por una de las dos fundiciones industriales ubicadas en Oruro para luego ser exportado, en forma de lingote, principalmente a los EE.UU. y los Países Bajos. Los concentrados de plata, plomo y zinc son directamente exportados a plantas metalúrgicas de Asia (Corea del Sur, China y Japón) y Europa (Bélgica, Países Bajos y España).

Las investigaciones fueron realizadas desde la fase de extracción, procesamiento y fundición, hasta la exportación. Los casos de estudio proporcionan ejemplos concretos de seis cooperativas mineras, algunos proveedores locales, la fundidora estatal y los principales comercializadores internacionales activos en la zona. Esta investigación ha mostrado cuáles son las consecuencias derivadas de la falta de estándares de calidad obligatorios con criterios sociales y medioambientales, los cuales podrían ser aplicados en las etapas adecuadas a las empresas al momento de realizar la compra de estos metales. También se ha mostrado la ausencia de criterios de trazabilidad que permitan enlazar los diferentes actores y así posibilitar una «responsabilidad social» por parte de los compradores respecto a los actores locales.

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Evaluando las implicaciones de la minería en Oruro:

La misión de reconocimiento tuvo por objeto la obtención de datos acerca de los impactos producidos por la minería en las distintas fases de la cadena de suministro.

Condiciones de salud y seguridad precarias en las minas

La singularidad de Oruro viene determinada por el importante papel que juegan las cooperativas de pequeña escala en la economía minera local de Bolivia, ya que esta forma de minería involucra a gran parte de los trabajadores de la región. Estas cooperativas son de hecho un sistema de «auto explotación», ya que no tienen un contacto directo con las compañías que compran sus minerales. Si el marco cooperativista implica cierta libertad para los trabajadores (quienes se supone que son socios cooperativistas), éste también conlleva que las operaciones se realicen de forma muy tradicional. Por ejemplo, el trabajo manual sigue siendo predominante a pesar del incremento de la mecanización llevada a cabo en la última década.

En la etapa de extracción, los trabajadores cooperativistas sufren condiciones de salud y seguridad irresponsables, destacando el limitado número de respiradores disponibles, lo que supone la aparición de numerosos casos de silicosis (también conocida como “enfermedad de mina”, causada por el polvo de sílice en los pulmones).

Los cooperativistas trabajando en los procesos de concentración del mineral se ven afectados por el uso incontrolado de sustancias tóxicas como el xantato, el cianuro y el queroseno, que causan directamente irritación de ojos y efectos a largo plazo en el sistema nervioso y en los órganos internos. El contacto directo con ácidos y metales pesados, así como una exposición excesiva al sol y al polvo, causan trastornos de salud y enfermedades cutáneas.

Otro de los problemas principales en las actividades mineras locales es la falta de una planificación a largo plazo. Debido a que los mineros expanden de las sub galerías, la falta de información disponible puede llevar a la aparición de situaciones de peligro como el acceso a áreas que previamente habían sido designadas como zonas prohibidas.

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Poniendo en peligro la soberanía alimentaria y la biodiversidad de los ecosistemas

A pesar de las leyes para la protección de «La Madre Tierra» existentes en Bolivia y del requisito, para la mayoría de los casos, de tener que obtener una licencia ambiental previa a la extracción mineras, todas las actividades de minería implican severos daños medioambientales. Los principales impactos son: el agua ácida generada por la mina, la polución del residuo minero en el aire y la descarga de productos químicos utilizados en los procesos de concentración en los cuerpos de agua (un pH por debajo de 3 es habitual en los cursos de agua alrededor de las áreas mineras).

Las explotaciones mineras tienen un grave impacto en las zonas agrícolas cercanas y aguas abajo. Con frecuencia los agricultores se ven forzados a convertirse en mineros debido a estas consecuencias medioambientales, ya que sus tierras quedan demasiado contaminadas. Es difícil calcular la totalidad del impacto generado en el ecosistema por las muchas explotaciones mineras e igualmente difícil de remediar.

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Una situación particularmente precaria para la mujer

Las mujeres en la minería cooperativista de Oruro son mayoritariamente viudas, que han perdido a sus maridos en actividades mineras o relacionadas, o madres solteras con hijos. Su ingreso en la sociedad cooperativa está restringido debido a que el ingreso de una mujer en la mina está tradicionalmente asociado a atraer la mala suerte en la mina. Por ello, ellas trabajan principalmente en los alrededores escogiendo y picando descartes de roca o en áreas con menores posibilidades de ingresos.

Los ingresos de los mineros dependen de su suerte: o bien encuentran minerales con mena rica en metales o no lo hacen. Muchas mujeres trabajan informalmente, incluso fuera del marco cooperativista. Sin seguro médico ni fondo de pensiones. Generalmente son los principales cuidadores de sus familias, por lo tanto, las mujeres casi siempre llevan la doble carga del trabajo productivo y reproductivo.

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Consecuencias para las generaciones venideras

El deterioro medioambiental causado por las actividades mineras conlleva un impacto en las actividades de agrícolas, haciendo que en muchas zonas sean imposibles los cultivos, la ganadería o la pesca. Esto ha llevado a la migración de las comunidades agropecuarias hacia las zonas mineras y las ciudades.

El modelo cooperativo hace que sea difícil crear un sistema de gestión sostenible en las minas. La perspectiva a corto plazo crea incertidumbre sobre los ingresos de los mineros, especialmente en los períodos de precios bajos, aunque esta incertidumbre también se debe a que los minerales que extraen no son ilimitados.

Debido al bajo precio de los metales, las cooperativas pueden encontrar dificultades a la hora de invertir mejorar la productividad de la mina a través de la implementación de maquinaria, ingeniería y la exploración de futuras venas de mineral. Las empresas comercializadoras internacionales se benefician de su posición oligárquica usando estrategias para reducir injustamente el precio de los minerales desde el origen, una estrategia que afecta directamente en las cooperativas – el eslabón más débil de la cadena de comercio internacional, teniendo que afrontar pérdidas como resultado.

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Hagamos las TIC Justas en Oruro: un marco a múltiple escala

Situación compleja para Bolivia en el respeto de los derechos humanos en peligro

Las investigaciones llevadas a cabo en Oruro han mostrado la necesidad de aumentar la concienciación a nivel estatal acerca de las violaciones de derechos humanos producidas en las zonas mineras, con el objetivo de conseguir así una mejora de sus condiciones. Esto es necesario para poder conseguir recursos y personal supervisor que pueda garantizar la aplicación de las leyes para la protección de «La Madre Tierra» y de las distintas regulaciones medioambientales, al igual que para el monitoreo de los derechos humanos en relación a los estándares sociales, laborales y de seguridad.

Bolivia ha ratificado diferentes instrumentos internacionales acerca de los derechos humanos como la Declaración universal de derechos humanos, la cual exige a todos los estados firmantes a proporcionar « condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo » (Artículo 23) así como el « derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia (…) » y el derecho a la seguridad en caso de « (…) pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad » (Artículo 25 . 1).

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) de la OIT compromete a los estados a garantizar desde el año 1976 « condiciones laborales seguras y saludables (Artículo 7 ii b), así como el « el máximo estándar de salud alcanzable » (Artículo 12 i).

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de San José) también proporciona protección a los mineros bolivianos, que prevé el derecho a unas condiciones laborales justas, equitativas y satisfactorias (Artículo 7), así como el derecho a la salud (Artículo 10).

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Necesidad del monitoreo de criterios justos y responsables en el mercado internacional

El mercado internacional de concentrados de zinc-plata-plomo de Oruro está dominado por un pequeño grupo de compañías internacionales que importan y revenden o funden estos minerales: Korea Zinc, Trafigura y Glencore. Incluso aunque estas compañías no estén legalmente vinculadas a los tratados sobre derechos humanos mencionados más arriba, son las principales partes interesadas dentro de la cadena y deben tomar responsabilidad por las violaciones de derechos mediante un controlado cumplimiento de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Guía sobre la Debida Diligencia de la OCDE para unas Cadenas de Suministro Responsables.

El seguimiento de las cadenas de suministro es pretende crear un marco de trabajo responsable en las relaciones entre las compañías globales y sus diferentes proveedores, como parte de la creciente demanda de responsabilidad social de las corporaciones transnacionales. Esto significaría, en lo que se refiere a las cadenas de suministro, que los minerales que sean extraídos incumpliendo los estándares sociales y medioambientales mínimos ya no serían utilizados dentro del mercado internacional.

La Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo, define específicamente la « Debida Diligencia » como un « proceso continuo, proactivo y reactivo mediante el que las compañías pueden asegurar el respeto a los derechos humanos y ayudarles en el cumplimiento del derecho internacional ».

Los « Riesgos » son definidos en relación a los impactos potenciales adversos en las operaciones de las compañías, que resultan de su propia actividad o de su relación con terceros, lo que incluye a los proveedores y a otras entidades presentes en su cadena de suministro. Esta amplia perspectiva significa que las empresas comercializadoras internacionales están obligadas a respetar esta debida diligencia en relación con todas las partes implicadas en la cadena de suministro, incluyendo a los trabajadores de las cooperativas mineras.

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Llamada a la acción internacional

Hacer las TIC justas requeriría que las empresas internacionales comercializadoras de metales vinculadas a Oruro siguiesen una serie de pasos para la debida diligencia tal y como se exige en la Guía:

Identificar las circunstancias objetivas involucradas en la extracción, transporte, manipulación, comercialización, procesamiento, fundición, refinamiento y aleación y manufactura de los productos.
Identificar y valorar cualquier riesgo actual o potencial evaluando las condiciones objetivas frente a los estándares establecidos en las cadenas de suministro de las compañías.
Prevenir o mitigar los riesgos identificados, adoptando e implementando un plan de gestión de riesgos que pueda derivar tanto en la decisión de continuar con el comercio esforzándose en mitigar el riesgo, suspender temporalmente el comercio mientras se intenta mitigar el riesgo, o desvincularse de un proveedor tras los intentos fallidos de mitigación o cuando la compañía considere que la mitigación no es factible o que los riesgos sean inaceptables.

Para poder obtener unos resultados favorables para los actores locales, las distintas partes interesadas de la cadena de suministro deben convertirse en colaboradores dentro de un nuevo marco monitoreado, donde las instituciones públicas tienen que tener el rol de promotor y controlador de las diferentes iniciativas.

Tanto las cooperativas como los proveedores locales han mostrado un claro interés por un sistema monitoreado con el objetivo de mejorar la gestión de la cadena de suministro, lo cual supone un punto de partida para ser optimista acerca del desarrollo de un sector de las TIC justo y responsable, el cual necesitaría incluir:

Establecer un precio justo para los metales en base a un salario mínimo justo para los mineros, y no según los costes de producción de las empresas fundidoras.
Aplicación de las leyes nacionales así como los estándares internacionales relativos a la gestión medioambiental, para evitar, al menos de aquí en adelante, la infiltración de los metales pesados en el suelo.
Inversión en marcos multilaterales o colaborativos para apoyar las distintas alternativas locales a la minería, pudiendo revitalizar y diversificar las economías locales dañadas.

[/vc_column_text][vc_column_text]Traducido por: Javier Núñez Corbal

Lea a continuación el informe completo.[/vc_column_text][vc_raw_html]PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vZHJpdmUuZ29vZ2xlLmNvbS9maWxlL2QvMThQbm9hNzZIendpNVl1bFhveElPZXJJWXhDWGs5Nm5oL3ByZXZpZXciIHdpZHRoPSI1OTUiIGhlaWdodD0iODQyIj48L2lmcmFtZT4=[/vc_raw_html][/vc_column][/vc_row]

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Towards a fairer ICT supply chain – Bolivia’s Case

By Daniela Marques Branco / 18/05/2020

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Towards a fairer ICT supply chain

Research and fact-finding mission in Oruro, Bolivia in the context of the project ‘Make ICT Fair’

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]Executive report also available in Spanish, Dutch and French.[/vc_column_text][vc_column_text]

Executive report

With literature on metal supply chains beyond trade being very limited, CATAPA’s investigation on polymetal mining in Bolivia aimed at unraveling the subnational, national and transnational actors and processes involved in mining activities. Field research was carried out in the department of Oruro, Bolivia. The fact-finding mission provides elements to assess the local implications of the global ICT industry. This helps to shape a specific meaning of what “Making ICT Fair” would mean in each part of the supply chain by providing a framework to determine labour, community, environmental and legal issues involved in this targeted context.

In Oruro (Bolivia), the supply chain for tin, silver, lead and zinc – metals that are (amongst others) required by the electronics industry for the production of its devices – involves multiple actors. Before export, minerals here are extracted mainly by mining cooperatives (beside state mines and large and small-scale private mines) and sold to local trading companies, that are therefore the first suppliers within the international supply chain of these metals. Ore minerals are then concentrated. Tin is smelted by one of the two industrial smelters located in Oruro and then exported, mostly to the USA and The Netherlands. Silver, lead and zinc concentrates are directly exported to metallurgical plants in Asia (South Korea, China and Japan) and Europe (Belgium, The Netherlands and Spain).

Investigations were conducted from extraction, processing and smelting to export. Case studies provide concrete examples of six mining cooperatives, some local suppliers, the state smelter and the main international traders active in the area. This research revealed the consequences of the lack of mandatory social and environmental quality standards that could be imposed at the relevant scales to the companies when buying these metals; and the absence of traceability criteria that could create a link between the different actors and therefore a possible “social responsibility” of the buyers towards the local actors.

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Assessing the implications of mining in Oruro:

The fact-finding mission aimed at collecting data on the impacts of mining in different stages of the supply chain.

Poor health and safety conditions in the mines

The specificity of Oruro relates to the major role played by small-scale cooperatives in Bolivia’s local mining economy, as this type of mining involves a large amount of the region’s workforce. These cooperatives are indeed a system of “self exploitation” as they don’t have direct contact with the companies that are buying their minerals. If the cooperative framework implies a certain freedom for the workers (who are supposed to be associates of the cooperatives), it also leads to operations being conducted in a very traditional way, i.e often still relying on manual work, despite a relative increase in mechanization the last decenia.

At the extraction stage, cooperative workers are subjected to irresponsible safety and health conditions, the most significant being the limited protection with respirators, which leads to a number of cases of silicosis (also known as the miners’ disease, caused by silica dust in the lungs).

Cooperative miners working in the areas of the concentration process are impacted by the uncontrolled and careless use of toxic substances such as xanthate, cyanide and kerosene, which cause direct irritation of the eyes but also long-term effects for the nervous system and internal organs. Health and skin disorders are caused by working in direct contact with acids and heavy metals as well as excessive exposure to sun and dust.

Another major problem within local mining activities is the lack of long-term planning. As miners expand their mining explorations, the lack of information available can lead to dangerous situations whereby an area is accessed that had previously been marked as a “no-go-zone”.

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Endangering food sovereignty and biodiverse ecosystems

Despite the laws for the protection of “Mother Earth” in Bolivia and the requirement (in most cases) of acquiring an environmental license prior to conducting mining extractions, all mining activities imply large environmental damages. The main impacts are mine byproducts like acid water, the mining waste dumped into open air and the discharge of the chemicals used in the concentration processes (a pH of 3 or lower is common for the water flows around mining areas).

The mining exploitations have a serious impact on agriculture nearby and downstream. The environmental consequences often force farmers to become miners since their lands are too contaminated. It is hard to calculate all the impacts on the ecosystems stemming from the many mining sites and it is just as hard to remediate.

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Women in a particularly precarious situation

Women in cooperative mining in Oruro are mostly elderly widows, having lost their husbands in mining or related activities, or single mothers with children. Their access to the cooperative membership is restricted because women are traditionally believed to bring bad luck inside the mines. Thus, they mainly work outside smashing discarded rocks or in other areas with less income possibilities.

The miners’ income depends on luck – either they find metal-rich minerals or they don’t. In the selling process, women are particularly tricked and paid an unfair price. Many women work informally, even outside the cooperative framework. They do not have health insurance or a pension fund. They are generally the main caregivers of their families, hence, women almost always carry the double burden of productive and reproductive work.

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Consequences for the generations to come

The environmental degradation caused by mining activities has an impact on agricultural activities, making it impossible in many areas to grow crops, raise cattle or fish. This has led to the migration of farming communities towards mining sites and cities.

The lack of capital in this cooperative model makes it difficult to sustainably manage the mining activities. The short-term perspective creates uncertainty regarding the incomes of the miners, especially in periods of low prices, but also due to the finiteness of the ore they extract.

Due to low metal prices, cooperatives may have difficulties investing in improving productivity of the mine through machinery, engineering and exploration for future ore veins. International commodity trading companies benefit from their oligarchic position by using strategies to unfairly reduce the price of minerals at the origin, a strategy which directly impacts the cooperatives – the weakest link of the chain in international trade. The cooperatives face losses as a result.

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Make ICT Fair in Oruro: a multi-scale framework

Complex situation for Bolivia to respect the human rights at stake

The investigations in Oruro have shown that there is a need to raise awareness on human rights violations in mining areas at State level in order to call for an improvement of their conditions. This is necessary to provide resources and controlling personnel in order to guarantee the enforcement of laws regarding the protection of “Mother Earth” and the different environmental regulations, but also for the monitoring of human rights regarding social, labour and safety standards.

Bolivia has ratified different international human rights instruments such as the Universal Declaration of Human Rights, which obliges States to provide “just and favorable conditions of work” (Article 23) as well as “the right of everyone to a standard of living that is adequate for the health and well-being of himself and his family (…) and the right to provisions in the event of unemployment in circumstances beyond his control” (Article 25 § 1).

The 1976 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) of the International Labour Organization (ILO) obliges States to guarantee “safe and healthy working conditions” (Article 7 ii b) as well as the “highest attainable standard of health” (Article 12 i).

The American Convention on Human Rights (also known as the Pact of San José) also provides protection for Bolivian miners, which foresees the right of “Just, equitable and satisfactory conditions of work” (Article 7) and “the right to health” (Article 10).

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Need for monitored fair and responsible criteria in the international trade

The international trade of Oruro’s zinc-silver-lead concentrates is dominated by a small group of international companies importing and reselling or smelting these minerals: Korea Zinc, Trafigura and Glencore. Even if these companies are not legally bound by the human rights treaties mentioned above, they are the core stakeholders within the chain and are responsible for these violations through a controlled fulfillment of the UN’s Guiding Principles on Business and Human Rights and the OECD’s Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains.

Tracing the supply chain aims at shaping a more responsible framework for the relations between the global companies and their different suppliers, as part of a growing call for social responsibility of transnational corporations. This would mean, regarding the ICT supply chain, that extracted minerals which fail to meet minimal social and environmental standards can not be traded on the international market anymore.

The OECD Guide Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas specifically defines “Due Diligence” as an “on-going, proactive and reactive process through with companies can ensure that they respect human rights and help them ensure they observe international law”.

“Risks” are defined in relation to the potentially adverse impacts of a company’s operations, which result from the company’s own activity or its relationships with third parties, including suppliers and other entities in the supply chain. This very broad scope considers that International trading companies are bound to respect this due diligence obligation towards all parties involved in the supply chain, including the mining cooperatives.

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Call for international action

Making ICT fair would require that the international metal trading companies in Oruro follow the different steps of due diligence as requested in the Guide:

Identify the factual circumstances involved in the extraction, transport, handling, trading, processing, smelting, refining and alloying and manufacturing of products.
Identify and assess any actual or potential risks by evaluating the factual circumstances against standards set out in the company’s supply chain.
Prevent or mitigate the identified risks by adopting and implementing a risk management plan, which may result in a decision to continue trade throughout the course of risk mitigation efforts, temporarily suspend trade while pursuing ongoing risk mitigation, or disengage with a supplier either after failed attempts at mitigation or where the company deems mitigation not feasible or the risks unacceptable.

In order to achieve satisfactory results for the local actors, the different stakeholders in the supply chain should become partners in a new monitored framework, where public institutions must have a role to push and control the different initiatives.

Assessed cooperatives as well as local suppliers showed clear interests in a monitored system aiming to improve the management of the supply chain, which is a starting point to be optimistic about the development of a fair and responsible ICT sector, which would need to include:

Set up a fair price for the metals based on a fair minimum wage for the miners, not on the production costs of the smelters companies.
Enforcement of the national laws as well as the international standards regarding environmental management in order to avoid – at least- further infiltration of the heavy metals into the soil.
Investment in local multi-stakeholder frameworks to support local alternatives to mining in order to revitalize and diversify the damaged local economies.
Invest in training and monitoring capacities of the local workers.

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